El mantenimiento y mejora de las medidas autonómicas para garantizar un juego responsable “más seguro y consciente” es uno de los principales objetivos del Consejo técnico de coordinación y seguimiento de la Ley del Juego de Cantabria, que se ha constituido hoy en presencia de la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández.
Este nuevo órgano da voz a todos los agentes implicados, siguiendo la línea de la nueva norma autonómica, por lo que ha reunido a profesionales de la salud y la educación, así como a representantes de administraciones públicas, asociaciones de padres y madres y organizaciones vinculadas al tratamiento de las conductas adictivas.
Fernández Viaña ha destacado la puesta en marcha de este órgano que “culmina” el programa de juego responsable iniciado hace cuatro años y que sirve para coordinar las medidas de control y prevención del juego y valorar su cumplimiento.
En este sentido, la consejera ha resaltado, especialmente, la aplicación de la Ley del Juego y del decreto sobre el control de acceso a todos los salones de juego y locales de apuestas, que ha dado respuesta a la preocupación social que había en este ámbito.
Asimismo, la consejera ha apuntado las novedades introducidas con la limitación en la apertura de nuevos establecimientos y el aumento de las distancias respecto a centros escolares y centros de rehabilitación de personas jugadoras patológicas (500 metros), así como la prohibición de la publicidad y el registro de interdicciones de acceso al juego.
Respecto a esta última medida, se ha producido un avance más mediante la conexión automática con el registro de interdicciones de acceso al juego a nivel regional y nacional –Cantabria es una de las primeras comunidades autónomas en coordinar los registros de autoprohibidos del juego presencial y online del Estado-, para establecer mayores niveles de protección a las personas que deciden ser excluidas de esta actividad.
En este mismo ámbito, la consejera ha resaltado el incremento de las cuantías de las sanciones introducidas en la nueva ley, especialmente relacionadas con la protección de los menores y personas vulnerables, para lo que se prevén multas económicas que van de los 30.000 a los 150.000 euros, en el caso de las infracciones muy graves.
“Hemos puesto de manifiesto en este Consejo esas medidas de control y de prevención desde la entrada en vigor de la ley, y ahora vamos a trabajar conjuntamente para seguir mejorando y garantizar el juego responsable la protección de las personas más vulnerables”, ha subrayado la consejera de Presidencia.
Composición del Comité
Respecto a la composición del Comité, en el mismo se integran todos los colectivos implicados en las políticas de juego responsable, como son las consejerías de Presidencia, de Sanidad y de Educación, así como el Consejo de Juventud y las asociaciones que tratan la ludopatía (AMAT, Proyecto Hombre, ACAT); las asociaciones de madres y padres (FAPA y CONCAPA), y la Federación de Municipios.
